La Federación Rural trasladó al Congreso Nacional de Intendentes su preocupación por el estado de la caminería rural y las dificultades para su mantenimiento ante el crecimiento de la producción.

El presidente de la gremial, Nicolás Olivera, señaló que la situación interpela directamente a los gobiernos departamentales y cuestionó la falta de adecuación de la infraestructura vial, pese a que la actividad productiva se ha multiplicado en los últimos años.

Según explicó, elevar el estándar de un kilómetro de caminería —incluyendo ensanche, base y tratamiento bituminoso— tiene un costo promedio de 175 mil dólares, lo que resulta inaccesible para las intendencias considerando los recursos disponibles y la extensión total de la red, que ronda los 50.000 kilómetros en todo el país.

Ante este escenario, la Federación Rural propuso analizar la posibilidad de transferir caminos de primer nivel y alto uso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de modo de que pasen a jurisdicción nacional.

Olivera indicó que la propuesta fue bien recibida y destacó que, en torno a este tema, “hay más coincidencias que disidencias” entre las partes. Además, se plantearon otras preocupaciones vinculadas al sector, como el impuesto del 1% a los semovientes y la problemática de la jauría de perros.

Desde el Congreso de Intendentes se reconoció la magnitud del desafío y se coincidió en la necesidad de revisar el modelo actual de gestión de la caminería rural, especialmente en zonas con tránsito intensivo asociado a nuevas dinámicas productivas.