Demandaron al Estado Uruguayo
Por obras de Ruta 1 y Puente sobre el Santa Lucía
La demanda internacional contra el Estado uruguayo por la rescisión de la concesión de la doble vía de Ruta 1 entre Montevideo y Libertad volvió a tomar impulso tras quedar finalmente conformado el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados e inversores extranjeros.
El reclamo, impulsado por la empresa española AFAO y patrocinado por Dechamps International Law, asciende a unos 383 millones de dólares y se basa en el tratado bilateral de protección de inversiones firmado entre Uruguay y España en 1992.
La integración del tribunal quedó completa con la aceptación de la especialista canadiense Meg Kinnear, designada por Uruguay. El panel ya contaba con el jurista alemán Stephan Schill, elegido por la firma demandante, y será presidido por el abogado chileno Felipe Bulnes Serrano.
El origen del conflicto se remonta a 2005, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando el entonces ministro de Transporte Víctor Rossi resolvió rescindir el contrato con Consorcio Ruta 1 S.A., adjudicataria de la construcción, conservación y explotación del tramo Montevideo–Libertad y del puente sobre el río Santa Lucía.
En ese momento, el gobierno argumentó “graves incumplimientos” por parte de la concesionaria, entre ellos atrasos en las obras —que debían finalizar en 2003— y observaciones de la Auditoría Interna de la Nación vinculadas a la situación económica y fiscal de la empresa.
