Discapacidad: Camy presentó proyecto para dar equidad de ingresos
El senador Carlos Daniel Camy presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el empleo público.
El senador Carlos Daniel Camy presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el empleo público, asegurando una distribución equitativa dentro del 4% de contrataciones obligatorias establecidas por la normativa vigente.
Según la exposición de motivos, el proyecto responde a la necesidad de garantizar que todas las categorías de discapacidad estén representadas de manera proporcional, evitando que algunas queden relegadas en el acceso a oportunidades laborales dentro del sector estatal.
Para ello, se propone subdividir el cupo del 4% en función de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), reflejando la distribución poblacional de las distintas discapacidades.
Las categorías contempladas en la iniciativa incluyen discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial y visceral, además de otras debidamente certificadas. Para garantizar su correcta aplicación, el proyecto establece una revisión quinquenal de las proporciones asignadas, tomando en cuenta censos y estudios poblacionales.
El control del cumplimiento de la normativa quedaría a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el MIDES y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), que aplicarían sanciones a las entidades públicas que no respeten las disposiciones. Además, las instituciones estatales deberán diseñar convocatorias de empleo inclusivas y accesibles, adaptando los procesos de selección para asegurar la equidad entre las distintas discapacidades.
En cuanto a la transparencia, el proyecto exige la publicación anual de los avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad, detallando la cantidad de trabajadores incorporados y su distribución por categorías. También prevé un plazo de dos años para la implementación gradual de la normativa y la realización de evaluaciones semestrales para verificar su cumplimiento.
Asimismo, se plantea incentivar la contratación de empresas que empleen personas con discapacidad en la provisión de bienes y servicios al Estado, promoviendo así la inclusión también en el sector privado.
