Justicia ordena a OSE no firmar contrato para construir planta en Arazatí
La sentencia del juez Alejandro Recarey afirma que hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable”. El Gobierno apelará.
El Juzgado Civil de 9º turno ordenó a OSE que no suscriba el contrato para la construcción del proyecto Arazatí (Neptuno) hasta que no haya una resolución judicial que disponga lo contrario.
Esta sentencia fue dictada ante una medida cautelar solicitada en agosto de 2023 por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y por la organización social de San José Los Tucu Tucu, que actuaron patrocinadas por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar.
El directorio de OSE había decidido dar ganador de la licitación de construcción y explotación del proyecto al consorcio Aguas de Montevideo, formado por las empresas constructoras Berkes, Ciemsa y Saceem, que fueron quienes le presentaron la idea. Este contrato aún no ha sido firmado.
El juez Alejandro Recarey entiende que “hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable” en infracción al artículo 47 de la Constitución y eventualmente, a la Política Nacional de Aguas. Según la resolución judicial, “será el privado el que diseñe, construya y mantenga la infraestructura“ y que OSE dejaría de ser “productora” de agua potable para pasar a ser solamente “distribuidora”.
“Hay extremos indiciarios serios, que llevan a considerar que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad que la que podría disfrutar (proveniente de otras fuentes más limpias)”, indica la sentencia a la que accedió Subrayado. En ese sentido, señala como alternativas estudiar la factibilidad de mejorar las tomas existentes en el Santa Lucía, Casupá, los arroyos Solís Chico y Pando, la Laguna del Cisne, o acceder a las napas freáticas capitalinas y corregir las abultadas pérdidas del sistema de cañerías de Montevideo.
Finalmente, Recarey sostiene que “no surge que se haya discutido a fondo, y con la necesaria transparencia pública, las posibilidades que pudiera haber de sobrecostos gravosos en las tarifas de agua”.
El Gobierno resolvió recurrir a la sentencia y esta semana se presentará un recurso de apelación.
