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Justicia se expidió a favor de otros dos profesores de San José

La ANEP deberá pagarles 18 mil dólares. Se trata de los profesores Noemí Pérez y Germán Viera, sancionados por las fotos del 2019 contra la reforma “Vivir Sin Miedo”.

Justicia se expidió a favor de otros dos profesores de San José

La ANEP deberá pagarles 18 mil dólares. Se trata de los profesores Noemí Pérez y Germán Viera, sancionados por las fotos del 2019 contra la reforma “Vivir Sin Miedo”.

La Justicia falló a favor de los Prof. Noemí Pérez y Germán Viera, y condenó a ANEP a indemnizarlos con U$S 18.000 por daño moral, tras concluir que sufrieron persecución sindical y política de parte de las autoridades del liceo 1 y de Secundaria.

Sobre el caso de Pérez, la sentencia señala que la sanción que recibió (separación del cargo y retención del 50% del salario por 6 meses) careció de fundamento, afectó sus derechos y fue impulsada con "claro ánimo de persecución sindical" por haber participado en una actividad de FENAPES contra la reforma “Vivir sin Miedo”.

La docente fue sumariada por haberse fotografiado en 2019 frente al liceo –en la vía pública y fuera del horario laboral– con un cartel con la consigna “No a la reforma”.

Aunque inicialmente la investigación fue archivada sin sanción, la directora Miriam Arnejo, la reactivó en 2020 tras el cambio de gobierno, expresando “con toda esperanza en este tiempo de cambios…”, frase que el juez interpretó como una manifestación de “subjetivismo antisindical y político partidario”.

El fallo destaca que desde el inicio se sabía que la actividad sindical no había ocurrido dentro del liceo ni en horario de clase, por lo que “no se constataron violaciones a la laicidad”, y considera que las autoridades incurrieron en un uso desmedido de la potestad disciplinaria.

Además, subraya que la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, desoyó la recomendación del instructor del sumario, quien aconsejó no aplicar medidas cautelares.

“La administración no actuó con mesura”, afirma, y concluye que lo que motivó la sanción fue “el pensamiento diferente de la actora” y su “actividad sindical”, más que una verdadera preocupación por la neutralidad del sistema educativo. El juez señaló también que la acción del Estado violó normas nacionales e internacionales sobre libertad sindical y libertad de expresión.

El proceso derivó en una exposición mediática que afectó la salud emocional y la reputación de Pérez, obligándola a adelantar su jubilación. Los testimonios presentados acreditaron el impacto de la situación en su vida personal y laboral.

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