Neptuno: Seis candidatos firmaron una declaración conjunta en rechazo al proyecto
El documento fue firmado por los candidatos del FA, PN, PC y Unidad Popular. La nacionalista Ana Bentaberri fue la única que no adhirió.
Los candidatos a la Intendencia de San José por el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y Unidad Popular (UP) firmaron el fin de semana una declaración conjunta en rechazo al Proyecto Neptuno, que plantea la construcción de una planta potabilizadora en el departamento –en la zona de Arazatí– para abastecer al área metropolitana.
El documento fue firmado por seis de los siete candidatos que se presentarán a las elecciones departamentales en San José: María Noel Battaglino (FA), Federico Diana (FA), Ofelia Umpiérrez (FA) –si bien en este caso no lo firmó personalmente, sí lo hizo en su representación Gladys Rodríguez–, Rubén Bacigalupe (PN), Alfredo Nito Lago (PC) y Darío Camilo (UP). La única que no adhirió al documento fue la candidata a la reelección, la nacionalista Ana Bentaberri.
La iniciativa surgió a instancias del colectivo La Bicicleta. En la declaración conjunta, y de acuerdo a lo publicado por La Diaria, los seis candidatos manifiestan, “independientemente del resultado electoral”, su “total compromiso con San José” y, “consecuentemente”, su rechazo al proyecto Neptuno “en las condiciones planteadas al día de la fecha”.
En tal sentido, según anunció días atrás el Poder Ejecutivo, actualmente el contrato firmado entre OSE y el consorcio privado Aguas de Montevideo para la construcción de la planta en Arazatí está temporalmente congelado. El actual gobierno pretende “renegociar” determinados aspectos del acuerdo firmado por la anterior administración el 23 de enero, ya en el marco de la transición.
Los candidatos señalan que distintos investigadores de la Universidad de la República (Udelar) han advertido sobre “los graves perjuicios que significaría extraer agua en Arazatí”, tales como “períodos de salinidad, floraciones y cianobacterias”, el riesgo “irreversible” que se generaría en el acuífero Raigón debido a la instalación de un pólder para el almacenamiento de agua y la “pérdida definitiva de tierras de las más productivas de Uruguay”.
Los postulantes también marcan que el costo total de la obra, adjudicada a empresas privadas, es “como mínimo tres veces superior al de la misma obra si fuera realizada por el Estado”.
Por último, “si lo anterior fuera considerado insuficiente”, los candidatos sostienen que el contrato firmado por el anterior gobierno “es nulo por tener un objeto ilícito”. “Su ilicitud está dada por ser contrario a una norma de orden público contenida en el artículo 47 de la Constitución”, el cual establece, entre otras cosas, que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. En el documento los seis firmantes solicitan una entrevista con el presidente de la República, Yamandú Orsi.
