Viernes, 04 de septiembre
COMUNICADOS

Sinae lanza su primer curso autoadministrado y accesible en LSU

Se denomina “Gobernanza del riesgo en Uruguay”, un hito que amplía el acceso al conocimiento y fortalece la cultura preventiva en todo el país.

La gestión integral del riesgo de emergencias y desastres es una política pública estratégica para el desarrollo sostenible del país. A través del Sinae, Uruguay impulsa acciones orientadas a fortalecer la prevención, la preparación y la respuesta frente a eventos adversos, en cumplimiento de la Ley N.º 18.621 y de la Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 2019–2030.

Por su carácter transversal y descentralizado, el Sinae opera como un ámbito estructurante de redes de trabajo que integra lógicas, sectores, intereses y saberes diversos, y habilita dinámicas intraestatales y sociogubernamentales en un mismo funcionamiento. Este enfoque de organización en red mejora las condiciones para abordar la complejidad del riesgo y promueve un trabajo participativo, conjunto y productivo entre organismos públicos de distintos niveles de gobierno y con actores sociales y comunitarios en todo el territorio.

En este contexto, el desarrollo de capacidades institucionales y sociales es clave para consolidar una cultura preventiva basada en el conocimiento del riesgo, la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional. La formación se vuelve, por tanto, una herramienta esencial para fortalecer la gobernanza del riesgo en todos los niveles del Estado y de la sociedad.

Un lanzamiento que marca un hito institucional

La Dirección Nacional de Emergencias del Sinae, con el aporte de la Secretaría de Comunicación Presidencial, presenta el primer curso autoadministrado y accesible en Lengua de Señas Uruguaya (LSU): “Gobernanza del riesgo en Uruguay”. En la traducción a la Lengua de Señas Uruguaya colaboraron Gustavo Cubiella y Micaela Rodríguez.

Este lanzamiento constituye un hito en la democratización del conocimiento público, al incorporar criterios de accesibilidad universal y garantizar que más personas —incluida la comunidad sorda usuaria de LSU— puedan acceder a formación en gestión del riesgo.

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